El 87% de los países de la UE ya han implementado la e-factura de forma obligatoria
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En la actualidad, el 100% de los países europeos hacen uso de la factura electrónica en sus transacciones comerciales. Su éxito en las Administraciones Públicas ha avivado el interés gubernamental en implementarla en transacciones B2B, destacando su papel clave en la digitalización y la automatización de operaciones empresariales y públicas.
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El compromiso de Europa con la digitalización y la eficiencia en los procesos comerciales ha crecido significativamente, y marca un claro avance hacia la transformación digital en la región. Así lo pone de manifiesto el estudio “La factura electrónica B2B en Europa” de SERES, que revela cómo el uso de la factura electrónica en el ámbito B2B se ha extendido rápidamente en la región.
Un número significativo de países de la Unión Europea tienen como objetivo hacer obligatorio el uso de la factura electrónica en un plazo no superior a cinco años. Actualmente, el 100% de los países europeos hacen uso de esta en sus transacciones comerciales. Además, en el ámbito de las Administraciones Públicas, el 87% de los países ya han implementado la facturación electrónica de forma obligatoria, mientras que el 13% restante la utiliza de manera voluntaria en 2023.
A nivel europeo, Italia es pionero en la implantación de la factura electrónica en la empresa privada. En el resto del continente encontramos casos como el de Francia, que cuenta con un proyecto bastante avanzado hacia la masificación del uso de la factura electrónica, y casos como los de Alemania, Bélgica o Grecia, países donde se están diseñando planes con perspectivas de implementación en un plazo máximo de tres años.
España, que incorporó la obligación de uso de este recurso en el ámbito B2G en el año 2015, ha extendido su obligatoriedad para los subcontratistas del Estado desde hace unos años. La Ley Crea y Crece marcó un hito al establecer por primera vez en la historia del país la exigencia de emplear la factura electrónica en las transacciones comerciales entre empresas y autónomos. Esta normativa impactará inicialmente a aquellas empresas con una facturación superior a 8 millones de euros, las cuales deberán implementar la factura electrónica en un plazo máximo de un año. Las demás empresas y profesionales tendrán un año adicional para llevar a cabo su implementación.
La factura electrónica ofrece beneficios como la optimización de procesos, la reducción de costos y una mayor competitividad. Su éxito en las Administraciones Públicas ha avivado el interés gubernamental en implementarla en transacciones B2B, destacando su papel clave en la eliminación de los procesos mecánicos relacionados con el papel, la digitalización y la automatización de operaciones empresariales y públicas.